La confluencia, transparente y libre, de la oferta y la demanda sin ninguna intervención distorsionadora en unos mercados fluidos y con numerosos actores interrelacionándose es la condición necesaria para un buen funcionamiento de la economía. La competencia acelera y potencia la innovación, que es la base del progreso económico, y hace que se optimice la producción, con mejores precios y mejor calidad de servicios a los ciudadanos.
La competencia, como fenómeno económico, está íntimamente relacionada con el principio básico de la economía de mercado, que tiene como presupuesto la libertad de iniciativa económica de los particulares. La disciplina de la libre competencia requiere una intervención activa de los poderes públicos y la creación de una política de defensa de la competencia que ha de actuar como un mecanismo de potenciación y vigilancia del adecuado funcionamiento de los mercados, velando porque las reformas estructurales contribuyan efectivamente al fortalecimiento de la competencia y evitando que, una vez instituidas unas reglas del juego que permitan la libre competencia, ésta se vea falseada por el comportamiento de los agentes económicos.
Con esta política se articulan los mecanismos, no solamente represores de conductas indebidas sino también, y especialmente, incentivadores de medidas empresariales dirigidas a la reducción de costes y al aumento de la eficiencia técnica para alcanzar una mayor competitividad y productividad que, de forma prácticamente inmediata, se traslada al consumidor en la forma de menores precios o en la de un aumento de la cantidad y variedad de productos y servicios, así como de su calidad.